domingo, 30 de octubre de 2011

PRI apoya reformas del Poder Judicial sobre narcomenudeo


 El Grupo Legislativo del PRI indicó que apoya las reformas planteadas por el Tribunal Superior de Justicia del Estado sobre narcomenudeo, por lo que la próxima semana iniciará con el análisis de las mismas.

Héctor Gutiérrez de la Garza, coordinador de la bancada, apuntó que los diputados priistas entrarán al detalle de la propuesta que pretende introducir formalmente la figura de los Juzgados en Materia de Narcomenudeo dentro de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a pesar de que la Federación aún no envía los recursos para que el estado lleve a cabo los procesos en dicha materia.
“Hacemos nuestra la inquietud de los Magistrados y reconocemos la actitud responsable con la que afrontan esta nueva realidad, por lo que es deber de este Congreso corresponder a esta actitud y procesar los cambios legales que sean necesarios para fortalecer nuestro Sistema de Justicia, aunque no vamos a dejar de pugnar por un verdadero federalismo en el ámbito presupuestal”.
Lamentó que la propuesta del Gobierno del Presidente Felipe Calderón no haya considerado una partida específica para que los estados afronten esta nueva situación.
Asimismo, recordó que el 18 de octubre pasado, el Poder Legislativo local aprobó, por unanimidad, enviar al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Constitución federal a fin de que las nuevas atribuciones que se pretendan trasferir a los estados de la República vayan acompañadas de las partidas presupuestales correspondientes.
“El problema no es de ahora, sino que desde 2009, cuando se hicieron las reformas, no se ha actuado en consecuencia, ya que ni en 2010 ni en 2011 las entidades federativas recibieron los recursos necesarios para adecuar sus sistemas de justicia, de tal manera que estuvieran preparados para resolver expedientes de narcomenudeo y hoy el tiempo nos ha alcanzado.
“No nos engañemos ni aceptemos medias verdades, porque esta reforma, promovida por el actual Gobierno federal, considera como delito el comercio y el suministro de drogas, pero no sanciona ni contempla como acto punitivo su consumo y es en este punto que involucran a los estados, en momentos en que el país no está preparado para ello”, dijo.


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