En los pueblos del desierto y frontera de Sonora las familias huyen. Los profesores piden cambio de plaza; los comercios cierran por falta de proveedores. Y lo que es peor: los programas sociales no llegan y hace falta policía.
Es en los municipios de Altar, Tubutama, Átil, Oquitoa y Sáric donde se vive así debido al clima de violencia.
La zona es uno de los lugares de más altas temperaturas del hemisferio norte y es el punto donde cada año mueren cientos de migrantes tratando de cruzar la línea fronteriza que divide este territorio de Estados Unidos.
Esta situación de vulnerabilidad e incertidumbre la confirman los pobladores: esos mismos que han salido huyendo a municipios menos inseguros como Magdalena, Hermosillo y Obregón. Lo cuentan también los comerciantes que han tenido que cerrar sus negocios y lo confirman sus alcaldes, quienes piden más policías.
Un ejemplo de esas familias que han tenido que abandonar sus viviendas es la que encabeza María de la Cruz. Ella vivía en Tubutama, un municipio ubicado en el noroeste de Sonora y a 20 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, pero lo abandonó.
La señora cuenta que la vida en su pueblo se fue haciendo cada vez más violenta: hombres encapuchados, grupos de sicarios que recorrían las calles, balazos a cualquier hora del día, negocios que cerraban y niños que jugaban a ser narcos.
Por eso, un día le dijo a su esposo: “No aguanto más”. Tomaron lo que pudieron, lo echaron a su pick up y salieron del pueblo a muy temprana hora. Sólo con lo indispensable y sus tres hijas. Llegaron a Hermosillo a casa de su hermana y empezaron a buscar dónde poder vivir.
Ahora habitan al norte de la ciudad de Hermosillo en una colonia popular, en una vivienda que no es como la que tenían: con patio amplio y repleta de arboledas. En ésta apenas caben los cinco integrantes de la familia, pues sólo cuenta con dos habitaciones.
“Mis hijas tuvieron que entrar aquí a la escuela y todavía no se acostumbran muy bien, extrañan a sus amigas, a sus primas, la tranquilidad de un pueblo, aquí tienen que andar en camión, tardan mucho para llegar de un lado a otro”, comenta la madre.
Pese a esto, asegura que es lo mejor, ya que seguido habla con su hermana que vive en Tubutama y le cuenta que el pueblo cada vez está más desolado, ya no hay tiendas donde surtir la despensa, las calles están abandonadas y evitan salir de noche.
“La gente tiene miedo, dicen que el alcalde no vive en el pueblo, aunque él lo niega”, dice la mujer de 43 años.
“Mercedes”, actual residente de Tubutama, dice que el pueblo está abandonado, ya que además de la escasez de policías hay puestos que no están ocupados, como el de Servicios Públicos y Tesorería, que quedaron acéfalos con la muerte de los funcionarios que los encabezaban.
“Éste es un pueblo sin ley, aquí los que nos quedamos es porque de a tiro no podemos irnos, pero vivimos con miedo constante, preferimos no salir del pueblo por miedo de que nos asalten en el camino, todos saben de los retenes de sicarios que se instalan”, manifiesta la mujer.
Entrevistada vía telefónica, señala que por lo menos cada tres meses salen a municipios cercanos a surtirse de la despensa para que les alcance para varios días, ya que el pueblo se ha quedado sin comercios y muchos maestros han pedido cambio de plaza.
En Altar, según Juan Carlos Romero, quien atiende un negocio de tacos ubicado sobre la carretera principal que lleva al municipio de Caborca, asegura que el problema que todo el tiempo ha prevalecido en el municipio es el secuestro de migrantes.
“Aquí es zona caliente, por el cruce de migrantes, aquí somos pocas las familias que vivimos, este es un pueblo más bien de paso, y sí se dan muchas muertes, pero eso es en El Sásabe, allá, y los policías no entran y por eso nunca se sabe en las noticias”.
El comerciante cuenta que el problema mayor del municipio es que grupos de narcotraficantes y polleros se pelean constantemente la plaza, pero las muertes no ocurren en la zona urbana del pueblo, sino en los caminos vecinales, para la zona del desierto.
Y es que a 98 kilómetros de este municipio está ubicado El Sásabe, una comunidad en medio del desierto de Sonora que es paso obligado, por su cercanía con la línea divisoria entre Sonora y Estados Unidos, para los cientos de migrantes que intentan cruzar.
Escasez de policías
En estos cinco municipios los agentes son escasos. En Sáric, el alcalde Fidel Lizárraga Celaya informó que de los 10 que tenía algunos renunciaron por los hechos delictivos que se presentan y otros fueron dados de baja.
Actualmente, el municipio, ubicado en el extremo norte de Sonora y colindante con Altar, Nogales y Tubutama, cuenta con 5 mil habitantes y apenas tiene un agente municipal.
En Átil, el ayuntamiento cuenta con dos policías y un comandante, cantidad suficiente para los mil 200 habitantes de esta región, afirma el presidente municipal, de extracción panista, Antonio Federico Celaya.
“Hay gente (sicarios) que ha entrado por ahí, pero no es gente de nuestro municipio, el problema es regional, entre dos grupos armados, pero gracias a Dios a nosotros como autoridades no nos han molestado”.
Pese a ello, entre 10 y 15 familias han salido huyendo del poblado, menciona, mientras que los apoyos sociales de programas asistenciales tienen que ser entregados con resguardo de agentes estatales y municipales.
En Oquitoa, un municipio con mil 200 habitantes aproximadamente, y donde la principal actividad es la ganadería, la violencia no se ha presentado como en Tubutama, o en Sáric, señaló su alcalde Adrián Figueroa, pero al estar en esa región, hace que lo califiquen como violento.
Por ello, uno de los problemas que están viviendo es que los apoyos de programas sociales de la Federación y del estado no llegan.
El problema más severo lo enfrenta Tubutama, comunidad de mil 200 habitantes que limita al noroeste con el desierto de Altar. En este territorio formado por zonas áridas y serranas las familias han huido y, de ocho agentes municipales, seis renunciaron.
El alcalde Santos Castañeda Barceló informó que actualmente están en pláticas con la Secretaría de Seguridad Pública del estado, en espera de recibir los elementos que se comprometieron a enviar para fortalecer la seguridad pública del municipio.
El munícipe de extracción panista confirma el fenómeno que se está presentando de familias que han salido huyendo a lugares más seguros por la violencia que prevalece.
“No tengo una cifra exacta, pero sí son bastantes familias que han tenido que emigrar, no les dejan de otra; no hay fuentes de empleo, no nos dejan trabajar, las obras por parte de la administración están detenidas a raíz de los problemas que se han venido presentando”, indica.
Entre los proyectos que se han detenido por la inseguridad hay obras de agua potable, pavimentación y de infraestructura, agrega, como la construcción de un estadio.
Castañeda Barceló explica que las obras de infraestructura se han cancelado porque muchos proveedores no se arriesgan a subir al municipio.
Otro de los problemas, añade, es el desabasto de gasolina y diesel, debido a que la gente no se arriesga a pasar estos combustibles por miedo a que los asalten y los maten, como pasó con sus funcionarios municipales el pasado 22 de junio.
Ese día, el director de Servicios Públicos y el contralor de Tubutama fueron ejecutados.
Además, dice el alcalde, alrededor de seis tiendas de abarrotes han cerrado porque proveedores de servicios básicos tampoco suben a esa región.
En riesgo de perder ayuda social
Alrededor de 502 familias de Tubutama, Sáric, Átil y Oquitoa están en riesgo de perder los apoyos del gobierno federal a través del programa Oportunidades, informa el delegado.
Jorge Alberto Bueno informa que debido a los hechos delictivos que se han presentado en estos municipios, los empleados del programa no quieren ir por temor a ser atacados.
Señala que la última vez que entraron a dejar estos apoyos fue el 6 de octubre de 2009, y lo hicieron escoltados de agentes estatales y federales.
Desde el bimestre de marzo y abril personal de Oportunidades no sube a estas cuatro comunidades, por lo que los beneficiarios han tenido que ir a Altar a recibir su apoyo.
“El problema de esto es que estas familias pueden causar baja porque no las estamos atendiendo como se debe, y el programa tiene reglas: que vayan a las clínicas a hacer chequeo, que los niños vayan a clases y que retiren sus apoyos si no se dan de baja.
“Tenemos que estar presentes para muchos trámites que tenemos que hacer: cambio de beneficiario en caso de fallecimiento, cambios de residencia y son trámites que nadie puede hacer pos nosotros”, asegura.
Hasta el momento, indica, alrededor de 50 familias ya causaron baja en el programa porque no acudieron a recibir sus apoyos conforme a las reglas de operación del programa. Los apoyos que brindan oscilan entre los 700 y 5 mil 500 pesos por familia.
Índices delictivos
De estos municipios, el que registra mayores muertes por homicidio intencional es Tubutama, debido a que el pasado primero de julio un enfrentamiento entre dos bandas de narcotraficantes, en un camino en despoblado que se localiza entre Sáric y Tubutama, a 20 kilómetros de la línea divisoria con Estados Unidos, dejó 21 personas muertas, según autoridades.
A estas cifras se suman dos homicidios en febrero y otros dos en junio, para dar un total de 25 muertos, en comparación con uno en 2009.
Ante el problema que se está presentando en estos municipios, donde los agentes han renunciado a sus cargos como policías, la SESP capacita y está por enviar a elementos estatales que servirán para reforzar la seguridad, informa Ernesto Munro Palacios.
El titular de la SESP, en su reciente comparecencia ante el Congreso local, informó que los agentes están en proceso de selección, practicándoles exámenes y en espera de que les autoricen el arma por parte de la Sedena. Esa sería, para muchos habitantes, una luz de esperanza de que la seguridad vuelva pronto a esas tierras.
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