El obispo de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez, hizo un llamado a los cárteles del narcotráfico para que dejen fuera de su espiral de violencia a la población que nada tiene que ver con el crimen; reconoce el esfuerzo de la autoridad por terminar con ese flagelo, pero señala que todo es efecto de haber eliminado en el siglo pasado la enseñanza de valores en el sistema escolar, lo que hace imposible atender el clamor de paz de la sociedad.
En su mensaje a los delincuentes el arzobispado de Guadalajara pidió a los criminales que "dejen vivir tranquila a la población y que ya no manchen sus manos con sangre inocente".
El clamor de los mexicanos ya es uno: el retorno de la seguridad a nuestra patria. Hoy se anhela, se exige, que se ponga fin a la corrupción, al crimen, extorsiones, tráfico de drogas, a las balaceras; que regrese la paz; objetivos que según reconoce la diócesis, son lejanos e inciertos.
En un mensaje a través de "Semanario", su órgano oficial de difusión, el arzobispo de Guadalajara reconoce que la lucha contra el crimen organizado "es lo menos que puede hacer (el gobierno federal) para evitar que se quiebre la autoridad, que impere la anarquía".
Sin embargo critica el empleo de la fuerza como prioridad en esa lucha, advirtiendo que la historia ha enseñado que "todo esto no es más que la consecuencia de haber despreciado, durante el siglo XX, la ética, la formación de las conciencias, la moral y lo religioso".
Advirtió que el requerimiento mínimo para alcanzar la paz es la observación de los derechos fundamentales como son el derecho a la existencia y a un decoroso nivel de vida, a la buena fama, a la verdad, a la cultura, al culto divino, a la propiedad privada, a intervenir en la vida pública, a la seguridad jurídica; derechos familiares, económicos, de reunión, asociación, de residencia y emigración.
Pero también establece sus obligaciones: respetar los derechos ajenos, colaborar y actuar con sentido de responsabilidad. Además, determina que los fundamentos de la convivencia son la verdad, la justicia, el amor y la libertad.
Subraya, asimismo, que la autoridad es necesaria, pero dispone que debe estar sometida al orden moral, y respetar el ordenamiento divino para poder obligar en conciencia, pues así como la autoridad obliga al ciudadano, obliga también al gobernante, porque está ligado a la naturaleza humana.
Se remite entonces a palabras de Juan XXIII, quien señalaba que "la autoridad política es insuficiente para lograr el bien común universal", por lo que propuso una "presencia activa de las virtudes morales y de los valores espirituales en todos los campos de la cultura, la técnica y la experiencia", para encontrar congruencia entre la fe y la conducta.
Hoy, los gobiernos tienen por solución el empleo de la fuerza; pero es imperativo que retomen principios como los que propuso Juan XXIII, señala Juan Sandoval Iñiguez.
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En su mensaje a los delincuentes el arzobispado de Guadalajara pidió a los criminales que "dejen vivir tranquila a la población y que ya no manchen sus manos con sangre inocente".
El clamor de los mexicanos ya es uno: el retorno de la seguridad a nuestra patria. Hoy se anhela, se exige, que se ponga fin a la corrupción, al crimen, extorsiones, tráfico de drogas, a las balaceras; que regrese la paz; objetivos que según reconoce la diócesis, son lejanos e inciertos.
En un mensaje a través de "Semanario", su órgano oficial de difusión, el arzobispo de Guadalajara reconoce que la lucha contra el crimen organizado "es lo menos que puede hacer (el gobierno federal) para evitar que se quiebre la autoridad, que impere la anarquía".
Sin embargo critica el empleo de la fuerza como prioridad en esa lucha, advirtiendo que la historia ha enseñado que "todo esto no es más que la consecuencia de haber despreciado, durante el siglo XX, la ética, la formación de las conciencias, la moral y lo religioso".
Advirtió que el requerimiento mínimo para alcanzar la paz es la observación de los derechos fundamentales como son el derecho a la existencia y a un decoroso nivel de vida, a la buena fama, a la verdad, a la cultura, al culto divino, a la propiedad privada, a intervenir en la vida pública, a la seguridad jurídica; derechos familiares, económicos, de reunión, asociación, de residencia y emigración.
Pero también establece sus obligaciones: respetar los derechos ajenos, colaborar y actuar con sentido de responsabilidad. Además, determina que los fundamentos de la convivencia son la verdad, la justicia, el amor y la libertad.
Subraya, asimismo, que la autoridad es necesaria, pero dispone que debe estar sometida al orden moral, y respetar el ordenamiento divino para poder obligar en conciencia, pues así como la autoridad obliga al ciudadano, obliga también al gobernante, porque está ligado a la naturaleza humana.
Se remite entonces a palabras de Juan XXIII, quien señalaba que "la autoridad política es insuficiente para lograr el bien común universal", por lo que propuso una "presencia activa de las virtudes morales y de los valores espirituales en todos los campos de la cultura, la técnica y la experiencia", para encontrar congruencia entre la fe y la conducta.
Hoy, los gobiernos tienen por solución el empleo de la fuerza; pero es imperativo que retomen principios como los que propuso Juan XXIII, señala Juan Sandoval Iñiguez.
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