El área de Homicidios Intencionales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) investiga si la ejecución del titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Tepatitlán, Víctor Manuel Muro Ávalos, está relacionada con la delincuencia organizada, debido a que la semana pasada su corporación detuvo a dos sujetos fuertemente armados en aquel municipio alteño, mismos que tras ser capturados dijeron pertenecer al grupo delincuencial de “La Resistencia”, además de que se les investiga por la ejecución de Mario Mejía Ruvalcaba, director de la Policía de Mexticacán.
La noche del pasado domingo, el jefe policíaco de Tepatitlán viajaba a bordo de una camioneta Chevrolet Colorado, con placas de circulación JN-73318, cuando fue interceptado en el cruce de las calles 24 de Febrero y Nicolás Bravo por varios sujetos armados, quienes se trasladaban en una camioneta Liberty blanca y una Ford Lobo roja.
Posteriormente le cerraron el paso y en ese momento uno de los sicarios le disparó en al menos cuatro ocasiones.
Muro Ávalos no era acompañado por ningún escolta.
El director recibió tres balazos en tórax, lo que provocó su muerte en la escena del ataque, su esposa fue herida en un brazo, pero la lesión no puso en riesgo su vida.
En el lugar del crimen, peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) levantaron cuatro casquillos calibre .9 milímetros, los cuales fueron asegurados como prueba del ataque.
La suegra del mando policíaco refirió que horas antes del crimen se encontraban en un rancho de su propiedad el cual visitaba cada fin de semana, y que al regresar a su casa fueron agredidos.
Elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, policías estatales y oficiales municipales implementaron operativos en carreteras para tratar de capturar a los sicarios.
En 2008, Víctor Manuel Muro Ávalos fungía como director operativo de la misma corporación, pero fue cesado de supuesto junto con tres policías, y fueron acusados de realizar prácticas de intromisiones a la privacidad, ejercicio indebido de la función pública, agresiones físicas, amenazas, arrestos ilegales e intimidaciones a los ciudadanos.
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